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Se ha puesto en duda la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero, que fue aprobado el 1 de agosto de 2014 y ya ha expirado, por lo que no debería ser modificado. Sin embargo, Southern presentó recientemente una modificación parcial del EIA, siendo esta la segunda vez que la empresa intenta ajustar el estudio; la primera fue en 2018.

José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, indicó que, de acuerdo con la legislación, los estudios de impacto ambiental tienen una duración de cinco años.

“Son las autoridades correspondientes, y no el señor González Rocha, las que deben explicar cómo un EIA que tiene más de 10 años sigue siendo considerado vigente, especialmente cuando la dirección general del Ministerio de Energía y Minas ha informado que la certificación ambiental ya no está en vigor”, comentó.

Además, respecto a las 50 observaciones realizadas por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), González Rocha afirmó de manera contundente que “es responsabilidad de Senace resolverlas”. Entre las observaciones se destaca la falta de autorización para el uso del agua, ya que ni la Autoridad Nacional del Agua ni la Dirección General de Capitanías y Guardacostas han autorizado el uso de agua de río o mar. También se señaló que el proyecto pone en riesgo el ecosistema de las Lomas de Cachendo.

Este sería el cuarto intento por avanzar con el proyecto. El primero fue en 2011, durante el gobierno de Alan García, resultando en tres muertes; el segundo tuvo lugar entre 2013 y 2014 bajo Ollanta Humala, con dos fallecidos; y en julio de 2019, durante la administración de Martín Vizcarra, la situación se volvió a agudizar. Ahora se prevé un escenario similar.