Estos son los principales ajustes tributarios que se implementarán en Perú en 2025

Este año, entrarán en vigor nuevas regulaciones tributarias tras la promulgación de normas por parte del gobierno de Dina Boluarte. Estas modificaciones reflejan la necesidad de adaptar las políticas fiscales a las circunstancias actuales y ofrecen nuevas oportunidades para mejorar la relación con el erario público.

Uno de los principales cambios para este año es el ajuste de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Mediante el Decreto Supremo N° 260-2024-EF, el Ministerio de Economía anunció que el nuevo valor de la UIT será de S/5.350. Además, se implementarán medidas como el nuevo perfil de cumplimiento de la Sunat, la ampliación del fraccionamiento especial tributario y la suspensión de retenciones para trabajadores independientes. Según Gustavo Lazo, socio del área tributaria de Dentons Perú, «un aumento en la UIT siempre implica ajustes en las obligaciones de las empresas». Este cambio es relevante porque la UIT se utiliza para calcular impuestos, aplicar sanciones y establecer límites tributarios, como en el caso de las exoneraciones. En comparación con el año anterior, donde la UIT era de S/5.150, este incremento de S/200 también impactará en la carga tributaria de la renta de quinta categoría, afectando a los trabajadores en planilla.

Reducción del plazo para el crédito fiscal del IGV

El 28 de septiembre de 2024, se publicó el Decreto Legislativo N.º 1669, que modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, así como la Ley N.º 29215. Esta normativa establece la reducción del plazo para registrar los comprobantes de pago en el Registro de Compras y hacer uso del crédito fiscal, el cual antes era de 12 meses. A partir de ahora, los recibos emitidos a través del Sistema de Emisión Electrónica deberán ser registrados en los archivos digitales o en la hoja del Registro de Compras correspondiente al mes de emisión o pago del impuesto. En el caso de los comprobantes físicos, deberán ser anotados dentro de los dos meses siguientes al período de su emisión.

“La reducción del plazo implica una mayor organización interna, especialmente en el área contable, para evitar que la falta de registro a tiempo genere pérdidas económicas significativas. Esto también representa un desafío operativo para empresas con grandes volúmenes de facturación”, comentó Lazo.